LA OPINION JUNIO 1994

Cuba se enfrenta a una de las peores crisis de su historia. Aunque el derrumbe de su economía es el factor más evidente de esta crisis, observamos también, sin embargo, importantes y profundos cambios sociales y políticos que presentan un reto para el régimen político de la nación y, en particular, para el deseo generalizado que gobierne a Cuba un régimen democrático.

El establecimiento y consolidación de la democracia en Cuba es un viejo anhelo nacional. En su versión más breve y sencilla, recordemos su expresión en las palabras de un exilado cubano quien pasó muchos de sus años de adulto viviendo en la Florida. Me refiero, por supuesto, a las palabras de José Martí en el Liceo de Tampa en Noviembre de 1891, refiriéndose al deseo compartido por cubanos que vivian en ambas tierras bañadas por el Estrecho de la Florida de construir un sistema político "con todos, y para el bien de todos".

El anhelo de construir una sociedad democrática fue, también, parte del proceso revolucionario que arranca en Cuba durante los 1950s. Un logro importante del régimen socialista cubano a través de los años ha sido su atención a ciertos derechos sociales y económicos, en particular al desarrollo de la educación y de los servicios de salud pública. En muchos países de América Latina, se comparte actualmente el criterio que los derechos económicos y sociales, así como los derechos de libertad y democracia políticas, son fundamentales para la construcción de una sociedad deseable.

En su primer artículo, la Constitución de 1992 afirma que Cuba tiene un "Estado socialista" organizado en su régimen político "como república unitaria y democrática", entre cuyos propósitos se encuentran "el disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana."

Sin embargo, ni en el concepto de Martí, ni en la experiencia de la construcción del régimen político revolucionario a partir de 1959, hay mucho espacio político para reconocer el papel y los derechos de las minorías políticas. También en los 1990s como en los 1890s, algunos de aquéllos que se siguen llamando cubanos pero que viven en la Florida insisten en una concepción de la democracia y de la unidad que tampoco deja mucho espacio para las minorías políticas.

La intolerancia de las discrepancias, la insistencia que el patriotismo exige monolitismo de criterios y de voluntades, y el intento de algunos líderes que sus conciudadanos les deleguen el poder y el derecho de definir cuáles son las características centrales del sistema político unen las experiencias políticas cubanas a través de los años y los espacios geográficos.

"Democracia", sin embargo, no quiere decir unidad. Democracia se refiere, como mínimo, al gobierno de las mayorías, lo cual inmediatamente llama atención al problema de las minorías políticas. El primer artículo de la Constitución de 1992 toca este tema indirectamente al hacer referencia al respeto al "disfrute de la libertad política". En países del tamaño de Cuba, además, la democracia funciona a través de instituciones que intentan representar los deseos de la ciudadanía.

Reconozco que la política del gobierno de Estados Unidos, tal y como sigue desarrollándose, dificulta tanto los cambios económicos y sociales como los cambios políticos en Cuba. Dedico buena parte de mi vida en Estados Unidos a criticar esa política. Siempre conciente de las adversas circunstancias internacionales, en este taller, sin embargo, quiero reflexionar sobre el tema de la democracia en Cuba. Me referiré exclusivamente a los derechos políticos, y principalmente a la siguiente pregunta: ¿cómo meditar sobre las experiencias cubanas recientes que intentan utilizar mecanismos institucionales para conciliar los intereses y derechos de mayorías y minorías y cómo pensar sobre modificaciones deseables que logren consolidar una democracia respetuosa de las diferencias lógicas y normales para aquéllos quienes buscan, por diversos caminos, "el bien de todos"?

¿Puede Cuba Aprender de su Propia Experiencia Institucional?

Candidaturas a la Asamblea Nacional

La práctica política cubana a mediados de los 1970s identificó, en la ley electoral de aquellos años, un concepto fundamental para las elecciones municipales: deberían siempre haber no menos de dos candidatos por cada puesto que requería elección. De tal forma Cuba se distinguía, con provecho, en su legislación y práctica electoral, impedían la selección electoral entre varios candidatos. Las razones para la adopción del principio de la competencia electoral, aunque limitada, se basaban, por supuesto, en un concepto de democracia: permitir que la mayoría tenga la verdadera capacidad de elegir. Aún en las elecciones indirectas para las instancias superiores del Estado se mantuvo el principio que el número de candidatos debería exceder el número de puestos a elegir.

Es, por tanto, particularmente lamentable que la ley electoral de 1992 no haya adoptado esas tradiciones cubanas de permitir al electorado que elija a los miembros de la Asamblea Nacional entre diversos candidatos. La ley electoral de 1992 parece haber sido diseñada por políticos aterrorizados que algún disidente pudiere ser elegido a la Asamblea Nacional. La ley electoral establece un mecanismo electoral torpe y complejo, que busca el control de la elección más que la representatividad de los resultados. Cuba puede y debe, por tanto, aprender de su propia experiencia de las elecciones municipales y corregir el error cometido en la Ley Electoral de 1992 que impide la libre elección de Diputados.

Desde una perspectiva que garantice la democracia, hay otra consideración importante. Si es cierto, como se repite insistentemente en el discurso oficial, que los disidentes pertenecen a "grupúsculos" microscópicos, entonces el Partido Comunista no tiene nada que temer. Pero si el Partido Comunista, por el contrario, carece del apoyo mayoritario en elecciones en que podría participar la oposición, entonces se debería suprimir el artículo 5 de la Constitución de 1992, que insiste en un sistema político de partido único. En estas deseables reformas de la Ley Electoral se juega también un principio constitucional fundamental.

La Transparencia Electoral

A través de los años, los resultados de las elecciones municipales--incluyendo los votos en blanco y los votos anulados-- se habían presentado rápidamente, lo que merece ser reconocidas. Después de las elecciones municipales de diciembre de 1992, sin embargo, no se dio información oficial sobre la proporción de votos anulados o en blanco sino hasta dos meses después. En ese momento, se intentó descalificar la intención de muchos electores de anular su boleta como si hubieran cometido meros "errores mecánicos". La dilación en la presentación de la información, y la sugerencia de interferencia sobre la compilación de los resultados (es decir, corrigiendo errores supuestamente mecánicos), son inaceptables en un sistema democrático. La democracia requiere la plena transparencia electoral y la rápida divulgación de los resultados.

La Información a la Ciudadanía

1. Es loable, por supuesto, que en años recientes la radio en Cuba haya adquirido un dinanismo propio e impresionante, pero es lamentable que la publicación de cartas al editor haya desaparecido de las páginas del periódico Granma aún en años cuando todavía no escaseaba tanto el papel. El dinamismo de la radio, y la mayor apertura que otrora caracterizaba a la prensa cubana, deben ser emulados de nuevo.

2. Es loable que el Boletín de Información sobre Estudios Cubanos, editado, entro otros, por el entonces investigador del Centro de Investigaciones de la Economia Mundial, José Luis Rodríguez, hoy ministro de finanzas y precios, haya publicado un artículo de Carmelo Mesa-Lago que contestaba las críticas que se le habían hecho a él y a su labor académica en las publicaciones del CIEM. Es lamentable que sea tan infrecuente en Cuba la costumbre internacional de permitir el ejercicio del derecho de réplica. Otras publicaciones cubanas pueden y deben emular este respeto a la libertad de divergencias.

3. La experiencia cubana de décadas recientes busca la educación de toda persona y, por tanto, el acceso generalizado a la información. Es así loable que los candidatos a ser elegidos se reúnan con los electores. Más loable sería que cada candidato municipal o nacional tenga el pleno derecho de redactar su biografía oficial. También cada candidato debe tener el derecho de presentar sus criterios y preferencias sobre los grandes retos a que se enfrenta la nación, el derecho de criticar abiertamente políticas con las que discrepa y, en pleno uso de la libertad de asociación que garantiza el Artículo 54 de la Constitución, unirse con otros candidatos para promover la elección de aquéllos con ideas y programas afines.

Debe haber el derecho de conducir una campaña electoral a favor de cada candidato como método imprescindible de la difusión de la información que todo ciudadano requiere en el momento de votar, y que se desprende del legado de las exitosas políticas educativas de las décadas recientes.

El Funcionamiento de la Asamblea Nacional

Es loable, también, la labor de la Asamblea Nacional en sus discusiones de los temas álgidos de política económica, pero es casi increible que la Asamblea siga reuniéndose con tanta infrecuencia y por tan pocos días, y que sirva más bien como caja de resonancia y no como una asamblea que ejerza su poder legislativo.

Necesarias pero duras han sido algunas de las medidas económicas que el país ha tenido que adoptar. Si el sistema político cubano fuere realmente democrático, todas las medidas fundamentales se habrían adoptado, y se adoptarían, por leyes votadas en el parlamento, y no por decreto. Permitirle a la Asamblea que ratifique los decretos es, sin duda, imprescindible pero dista mucho de ser aceptable dentro del sentido de una Constitución que, sin pudor, afirma en su artículo 69 que la Asamblea "es el órgano supremo del poder del Estado".

La Constitución de 1992: La Depuración de Normas Anti-democráticas

Al inicio, recordábamos que, en su primer artículo, la Constitución de 1992 afirma que Cuba tiene un régimen político democrático entre cuyos propósitos se encuentra "el disfrute de la libertad política". Sin embargo, varios artículos subsiguientes de la Constitución de 1992 vulneran tal compromiso con la libertad política o introducen conceptos contradictorios.

El artículo 62, por ejemplo, suprime importantes libertades públicas. Afirma ese artículo que "Ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo. La infracción de este principio es punible".

Además de ser autoritario, el artículo 62 supone que un ciudadano cubano no puede hacer uso de la libertad de palabra y de prensa (que parecería garantizar el artículo 53) para criticar la Constitución. Si así fuera, sería imposible modificar la Constitución. Como el mismo artículo ya existía en la Constitución de 1976, debemos suponer que todos los miembros de la Asamblea Nacional quienes apoyaron la modificación al texto anterior deben ser castigados por haber ejercido su libertad de palabra contra lo establecido en esa Constitución.

Se supone también que no se puede ejercer la libertad de palabra y de prensa contra lo establecido en las leyes, lo que supone que la Asamblea Nacional y los parlamentos obreros que estuvieron discutiendo--en ejercicio de sus derechos de reunión y asociación que parecen garantizar el artículo 54--modificaciones realmente fundamentales a la legislación económica y social del país estaban situándose en circunstancias delictivas.

Aunque esté consagrado en el texto de la Constitución, el autoritarismo del Artículo 62 es caprichoso. Se requiere del sentido común para poder actuar políticamente dentro de la ley en Cuba, violando todos los días el Artículo 62, y no caer en tal absurdo constitucional.

El autoritarismo es siempre contraproducente porque busca una unidad falsa en la nación, falsa unidad que depende de la simulación y de la doble moral, supuesta unidad que impide el pensar y actuar normal y coditidiano de cualquier persona sensata, que suprime arbitrariamente la información necesaria para corregir errores que surgen lamentable pero normalmente en la labor cotidiana de cualquier proceso político entre seres humanos en cualquier país del mundo.

Si la Constitución de Cuba fuera realmente democrática, sería deseable garantizar de verdad las libertades ciudadanas, útiles para todo concepto de buen gobierno. Se debe suprimir el artículo 62 y las cláusulas de otros artículos que también impiden el libre flujo de la información que permita a hombres y mujeres perfeccionar la sociedad en que viven.

Los Cambios que la Sociedad Ya Reclama: Mayor Democratización

La sociedad cubana ya cambia, aunque todavía haya cambiado poco la organización de su sistema político. Los cambios que han ocurrido son fundamentales y bien conocidos por todos.

Socialismo y democracia son palabras que incluyen un concepto de orden. En lo que va de la década de los 1990s, se rompe el orden público en Cuba. Mayoritariamente, no se respeta la legislación económica. El mercado ilegal cunde en la vida económica cotidiana de la ciudadanía como una fuente clave de alimentos y de servicios. Su crecimiento y dimensión representan un rechazo diario al ordenamiento económico oficial de la nación. Un régimen político incapaz de lograr que se obedezcan sus leyes requiere cambios fundamentales y no merece el calificativo ni de socialismo ni de democracia.

Parece ser que el comportamiento económico de todos los días exige no la represión de la actividad empresarial individual sino su legalización. Parece ser que el suministro de alimentos del campo a la ciudad exige que se le permita a las nuevas cooperativas venderle no solamente al Ministerio de Agricultura, bajo los precios y condiciones que éste fije, sino también directamente al consumidor y a los intermediarios privados necesarios para lograr re-establecer una cadena alimentaria que suministre a las ciudades.

El gobierno ha adoptado importantes cambios de política económica partir de fines de los 1980s y sobre todo desde el verano de 1993 que amplían las posibilidades del cambio económico. Podemos imaginarnos que alguien pudo pensar en algún momento que en Cuba no debía haber inversión extranjera. Podemos imaginarnos instantes en la historia de Cuba de las últimas décadas en que alguien pudo creer que no debía haber actividad económica privada en la producción y comercialización de productos y servicios. Ya hoy es evidente que se puede pensar en la adopción de muchas medidas que lleven a Cuba a adoptar, por lo menos, rasgos de una economía de mercado.

Queda mucho por hacer, sin embargo. Si Cuba tuviere un régimen político realmente democrático que respete la libertad que parece garantizar el primer artículo de la Constitución y las diversas formas de propiedad que permite su primer capítulo, sería deseable que el Estado no impida la libre acción económica de la mayoría de los ciudadanos que intentan resolver sus problemas económicos, y mejorar la producción y los servicios, así actuando "para el bien de todos".

El Concepto Oficial de la Democracia en Cuba: Una Crítica

En esta última sección, quiero salirme del contexto constitucional y político actual de Cuba para sugerir algunos conceptos adicionales que se derivan de la ideas y experiencias de otros países, fundamentalmente en América Latina por su relevancia para Cuba, sobre la consolidación de la democracia. Me refiero a este contexto comparativo para introducir una crítica al concepto oficial de la democracia en Cuba.

Los líderes de los órganos del Estado, del gobierno, y del Partido Comunista de Cuba en diversos momentos han insistido que Cuba tiene un régimen político democrático, no solamente porque así lo dice la constitución. Se pueden identificar tres conceptos importantes que resumen buena parte de este concepto oficial de la democracia en Cuba.

1. El concepto oficial de la democracia en Cuba descansa sobre los derechos de la mayoría, no sobre los derechos individuales. La participación política masiva es fundamental para esta concepción de la democracia, pero carecen de valor ideas tales como "la oposición" o la importancia de "la competencia" política como criterios definitorios de la democracia. Es por tanto posible en ese concepto oficial que la mayoría ejerza una "dictadura" sobre la minoría para así obtener los fines que se propone la mayoría, y que el sistema político se siga mereciendo el calificativo de democrático.

Este concepto de la democracia llevó a Platón a temer el dominio político de las turbas y a Rousseau a tratar de perfeccionarlo a través del concepto de la voluntad general. Sin embargo, en nuestro siglo, y muy particularmente en América Latina en años recientes, la concepción meramente mayoritaria pero anti- liberal de la democracia ha sido ampliamente rechazada. Si no hay competencia electoral, ¿cómo se sabe verdaderamente quién tiene la mayoría para gobernar o qué políticas retienen el apoyo necesario? En última instancia, un gobierno sólo puede ser responsable frente a la ciudadanía si logró la aceptación de su programa de gobierno en una elección competitiva en que los electores hubieran tenido libertad de seleccionar otro programa. El apoyo de la mayoría sólo es evidente cuando los ciudadanos tienen opciones libres y concretas de seleccionar o de rechazar candidaturas y programas de gobierno.

2. El concepto oficial de la democracia en Cuba hace hincapié sobre las consecuencias de la acción pública, y menosprecia los procedimientos que identifican a quienes gobiernen. Es decir, se mide la democracia por sus resultados en promover los objetivos de la mayoría, y no por las reglas del juego previas a la elección de los gobernantes. Ese énfasis sobre las consecuencias reclama atención a los temas de la propiedad, la distribución, el bienestar y conceptos similares. Sólo merece llamarse democrático un régimen político que tenga consecuencias democráticas.

En los países a los que Cuba a veces se ha comparado--países en América Latina y países que han tenido regímenes socialistas-- la democracia ya se entiende en primera instancia como un sistema de reglas e instituciones previos a la acción de un gobierno. Por tanto, la democracia debe entenderse como una garantía que los resultados de las elecciones no se pueden conocer de antemano. La incertidumbre caracteriza a la política democratica porque sólo hay democracia cuando la mayoría tiene realmente la opción que gobierne alguien quien no ha venido ejerciendo el poder.

Por supuesto, la discusión del concepto de democracia no debe terminar en meras consideraciones electorales. La calidad de la democracia se vive todos los días. En América Latina, en particular, se presta atención cada vez con más insistencia a la necesidad de tomar en cuenta las consecuencias de un régimen político en el momemto de evaluarlo. Sólo insisto que el concepto de democracia sí exige elecciones libres y competitivas donde puede en efecto ocurrir un cambio del equipo gobernante. No es suficiente tener un Estado benevolente para que se merezca el calificativo de ser un Estado democrático.

3. El concepto oficial de la democracia también ha insistido que el método preferible de tomar decisiones en Cuba es a través del "consenso," y no mediante otras formas de proceder que necesariamente crean mayorías y minorías. Una consecuencia de esta orientación es el "reunionismo"--las reuniones frecuentes e interminables. Otra consecuencia más grave, sin embargo, es la intolerancia de divergencias políticas.

A comienzos de los 1990s, el "consenso" dejó de favorecer a muchas políticas que habían sido oficiales. Llegó a ser evidente que las consecuencias de las acciones del gobierno profundizaban el aislamiento internacional de país e impedían la reactivación económica. Hay hoy consenso en Cuba--consenso que los suministros de alimentos son insuficientes, que el transporte urbano es causa de desesperación, que los apagones de electricidad son insoportables, y que es ya imprescindible adoptar medidas eficaces que logren un cambio fundamental en las circunstancias de la nación.

4. El concepto oficial de la democracia en Cuba arguye que sólo a través de la unidad se garantiza la soberanía, y que la sobernía es fundamental para garantizar una verdadera democracia.

En 1992 se hizo una modificación importante a la Constitución en el Artículo 12 mediante el cual "la República de Cuba hace suyos" varios principios, incluyendo los "principios proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y otros tratados internacionales de los cuales cuba sea parte". En el ejercicio de su soberanía, por tanto, Cuba reconoce la obligación de respetar la Declaración Universal sobre Derechos Humanos como parte de su democracia.

Por su larga y activa participación en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Cuba ha reconocido reiteradamente la autoridad de este órgano que ha sido, además, de particular importancia para impulsar la democratización de muchos países, incluyendo Chile y Sudáfrica. Sería por tanto consistente con estos principios de la Constitución de 1992, de la participación reiterada de Cuba en tal Comisión, y de las claras recomendaciones evidentes en las votaciones en la Asamblea General de Naciones Unidas sobre derechos humanos en Cuba (con el respaldo, entre otros, de muchos países de América Latina y el Caribe) que Cuba acepte cuantas visitas sean necesarias del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de derechos humanos en Cuba.

Sería igualmente consistente con la práctica Latinoamerícana contemporánea si Cuba indica su disposición en el futuro a aceptar observadores internacionales bajo los auspicios de Naciones Unidas a todas las futuras elecciones que estén por celebrarse en el país.

¿Peligra la soberanía de Cuba? La soberanía de Cuba peligrará si el país se auto-bloquea de participar en una comunidad internacional--y particularmente en una comunidad Latinoamericana--que insiste cada vez más en el respeto a los derechos humanos, en un concepto de democracia que se base en el pleno respeto a las mayorías y las minorías políticas y sociales, y en la libre competencia electoral entre partidos políticos que apoyen al gobierno y a la oposición, para sólo así elegir a un gobierno legítimo y verdaderamente democrático. Si Cuba quiere proteger su soberanía, invitaría a la comunidad internacional a que contribuya a profundizar un proceso democrático en Cuba.

Conclusión

Si Cuba tuviera un sistema político realmente democrático, existirían elecciones libres, cuyos resultados se desconocerían de antemano, abiertas a partidos del gobierno y de la oposición, para así poder determinar a quién respalda la mayoría y dónde realmente se sitúa el consenso nacional. Sólo asi se consolidaría la soberanía nacional en el sistema internacional que ahora realmente existe, sólo así se lograría una democracia "con todos"--no porque todos estén de acuerdo sobre los temas de fondo sino porque todos consentirían a las reglas que deben gobernar en una democracia--y sólo así se lograría aproximarse a una sociedad "para el bien de todos".

Ponencia leída en el Taller "La Democracia en Cuba y el Diferendo con Estados Unidos", Centro de Estudios sobre América, La Habana, 3-5 Mayo 1994. Jorge Domínguez es profesor titular de ciencia política de Harvard University.

Nuestra Propuesta

por: La Plataforma Demócratica Cubana

Nuestra lectura se centra en la comprensión de una dinámica, toma muy en cuenta la falta de racionalidad existente y se afianza en la realidad para presentar su propuesta política. Nuestra lectura de la naturaleza de la crisis que enfrenta la nación cubana nos dice que, sin lugar a dudas, la misma es fundamentalmente política. Por lo tanto la estrategia de cambio a la que nos comprometimos cuando suscribimos la Declaración de Madrid, en Agosto de 1990, es política. Partimos de una premisa avalada por la experiencia de 35 años de dictadura en nuestro país: En Cuba no ha habido, ni hay, ni habrá viabilidad económica sin reforma política. No habrá alivio ni superación de los problemas hasta tanto no cambie el actual modelo político. La crisis nacional que vive Cuba es producto de supeditar todos los aspectos de la vida nacional a mantener un modelo político agotado.

En una reforma cualquier fuerza organizada de oposición genuina, comprometida a propiciar una solución pacífica, gradual y negociada que culmine con una salida democrática e irreversible, tiene el derecho y la obligación de plantear sus temas básicos. Nuestra propuesta es un programa de apertura política y de liberalización económica que incluye, como mínimo las siguientes medidas:

(1) una amnistía general incondicional;

(2) una despenalización de la actividad política no violenta, incluyendo la formación de partidos políticos, asociaciones políticas y de grupos de intereses, la expresión y difusión de ideas, y la celebración de actos públicos;

(3) un plebiscito-- para someter a consulta popular la opción de eliminar todo aquello del sistema actual que pueda amenazar y retrotraer el proceso de cambio, y que obstaculicen la vigencia de un Estado de Derecho;

(4) un estatuto provisional que garantice: (a) el régimen de propiedad privada, (b) el funcionamiento de la libre empresa, (c) la integridad y vigencia de todos los contratos y transacciones, y (d) el ejercicio privado del comercio-- para desbloquear la capacidad creativa del cubano y fomentar la confianza del inversionista;

(5) libertad para transitar por el territorio nacional, y para entrar y salir del país sin requisitos de visas u otras restricciones a todos los ciudadanos cubanos, es decir, todos los nacidos en el país sean o no residentes en él-- para terminar con la separación de la familia;

(6) una política económica transparente y responsable que: (a) racionalice el gasto público, reduciendo los gastos militares y administrativos, y los subsidios a las empresas estatales; (b) establezca un sistema impositivo fiscal que obvie la necesidad de emitir moneda inorgánica, estimule y se nutra fundamentalmente de la capacidad creativa del cubano y no establezca privilegios ni excepciones de ningún tipo; (c) que en la materia de moneda y banca, establezca una Junta Monetaria y una Superintendencia Bancaria de carácter autónomo capaces de renegociar nuestra deuda externa y conseguir ayuda financiera en términos concesionarios; que definan los parámetros básicos de una sistema bancario privado moderno, y; que sean las autoridades efectivas en cuestiones de emisión de moneda, tasa de cambio y convertibilidad; (d) que garantice la posibilidad y viabilidad de distintas formas de propiedad: estatal, mixta, privada, autogestionaria, cogestionaria y cooperativa; y (e) que liquide efectivamente cualquier régimen existente de contrato colectivo o individual que infrinja los derechos de los trabajadores cubanos;

(7) un proceso de revisión de las reclamaciones establecidas por personas privadas y públicas, nacionales y extranjeras sobre la propiedad de empresas productivas;

(8) una ley transitoria que otorgue derecho de permanencia y explotación de las fincas menores de cinco caballerías de tierra a los actuales agricultores del predio por un mínimo de cinco años;

(9) una ley transitoria que otorgue derecho de permanencia a los actuales ocupantes de viviendas urbanas por cinco años;

(10) legislación complementaria que establezcca la libre selección y contratación de trabajadores, formación de sindicatos libres y de negociación colectiva;

(11) estatuto provisional que establezca con caracter autónomo: un Procurador de Derechos Humanos, un Tribunal de Garantías Constitucionales, un Tribunal Superior Electoral, y un Tribunal Supremo de Justicia-- con el objeto de establecer un poder judicial completamente separado del ejecutivo --cuyos integrantes deben ser electos por sufragio;

(12) elecciones a una Asamblea Constituyente que se ocupará de estudiar y modificar el texto constitucional-- para completar el desmantelamiento de estructuras dictatoriales de todo tipo, iniciado con el plebiscito y avanzado por la distintas medidas propuestas anteriormente;

(13) elecciones a cargos municipales y provinciales;

(14) elecciones para presidente y vicepresidente, y para el congreso nacional;

(15) una ley transitoria que garantice la libertad de enseñanza, cátedra e investigación.

Obviamente todo esto no se puede hacer de la noche a la mañana. Pero rechazamos la tesis de que "ahora no es el momento para hablar de política en Cuba". Igualmente rechazamos el subterfugio de que que para discutir estas cosas haya que esperar a que se resuelvan los problemas fundamentales del país. Llevamos treinta y cinco años esperando. No podemos perder más tiempo. A nuestro entender, todos los problemas que aquejan a Cuba en este momento están íntimamente ligados a la naturaleza del régimen, es decir, a la falta de democracia. Esta es la razón fundamental de la crisis.

Una transición pacífica que entronice la democracia no va a resolver todos estos problemas. Pero sin democracia y sin Estado de Derecho no vamos a resolver ninguno.

Tesis aprobada en la reunión extraordinaria de Abril 30 y Mayo 1, 1994 en el Hotel Reina Victoria, Madrid. Ratificada en Miami, Florida, 20 Mayo 1994.

morm21@yahoo.com